• La Comisión Técnica ha emitido informe definitivo favorable para siete de las catorce patologías presentadas por COCEMFE nacional: espina bífida, enfermedad de Párkinson, distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), enfermedad de Huntington, esclerosis sistémica, amiloidosis por transtiretina variante y enfermedad renal crónica (estadio G5)

• COCEMFE València reclama celeridad para culminar el proceso y seguirá trabajando para lograr la inclusión del resto de patologías con evidencia científica suficiente sobre la reducción de la esperanza de vida, tal y como estipula el procedimiento aprobado por el Gobierno

COCEMFE València celebra el informe definitivo favorable emitido por la Comisión Técnica para la inclusión de siete nuevas patologías en el procedimiento de jubilación anticipada de personas trabajadoras con un grado de discapacidad igual o superior al 45%, en el marco de lo previsto en el Real Decreto 1851/2009.

Este avance supone un logro de enorme relevancia social, fruto de un intenso trabajo de incidencia política, coordinación técnica y cohesión del Movimiento Asociativo de COCEMFE nacional, que durante los últimos años ha impulsado la ampliación de las patologías que pueden acogerse a este derecho, aportando evidencia científica rigurosa sobre la reducción de la esperanza de vida asociada a determinadas enfermedades, tal y como establece el procedimiento aprobado por el Gobierno para tal fin.

Las patologías que han recibido un informe definitivo favorable son: espina bífida, enfermedad de Párkinson, distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), enfermedad de Huntington, esclerosis sistémica, amiloidosis por transtiretina variante y enfermedad renal crónica (estadioG5).

Para COCEMFE València, este paso confirma que el trabajo conjunto entre las organizaciones de personas con discapacidad, las entidades representativas de cada patología y el conocimiento científico especializado es la vía adecuada para avanzar en el reconocimiento de derechos. “Este avance demuestra que cuando el movimiento asociativo trabaja de forma coordinada, con rigor y respaldo técnico, se pueden lograr cambios estructurales que mejoran la vida de miles de personas”, ha señalado el presidente de COCEMFE nacional, Anxo Queiruga.

No obstante, COCEMFE València subraya la necesidad de actuar con prudencia y claridad para evitar generar falsas expectativas. El informe definitivo favorable no implica aún la incorporación efectiva de estas patologías al anexo del Real Decreto 1851/2009, paso imprescindible para que las personas que las presentan puedan solicitar la jubilación anticipada.

Tal y como establece la Orden ISM/444/2025, el procedimiento contempla la emisión del informe definitivo por parte de la Comisión Técnica y, posteriormente, la resolución administrativa de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. En caso de resolución favorable, será necesario promover la modificación normativa del anexo del Real Decreto y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, momento a partir del cual el derecho podrá ejercerse de manera efectiva.

En este contexto, COCEMFE València reclama al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la máxima celeridad para culminar los trámites pendientes, de modo que este avance se traduzca cuanto antes en un derecho real y efectivo para las personas afectadas que cumplan los requisitos legales.

“Este no es un punto final, sino un hito intermedio”, ha subrayado Queiruga. “Desde COCEMFE nacional vamos a seguir trabajando para que las patologías que aún no han sido incorporadas, y otras que cuenten con evidencia científica suficiente sobre la reducción de la esperanza de vida, puedan acceder también a la jubilación anticipada. Hablamos de salud, de dignidad y de igualar la transición hacia la jubilación ante situaciones específicas que atraviesan muchas personas con discapacidad física y orgánica, especialmente en contextos de trayectorias laborales marcadas por la precariedad, el sobreesfuerzo físico o el deterioro progresivo asociado a determinadas patologías”.

En este sentido, COCEMFE nacional seguirá trabajando con las organizaciones de su Movimiento Asociativo y personal técnico experto para seguir ampliando el listado de patologías incluidas, tanto presentando alegaciones a los informes desfavorables, como en las convocatorias anuales para la presentación de propuestas de ampliación.

¿Quiénes somos?

La Federació d’Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Província de València, COCEMFE València, es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en agosto de 1994 por un grupo de personas de diferentes asociaciones de discapacidad de la provincia de Valencia, con el objetivo de defender los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) es una ONG sin ánimo de lucro constituida en 1980. Su propósito es conseguir una sociedad inclusiva que garantice el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica. Coordina, representa e impulsa al Movimiento Asociativo de personas con discapacidad física y orgánica en España, formado por 94 entidades estatales, autonómicas y provinciales, que a su vez representan a más de 2,6 millones de personas con discapacidad y aglutinan a más de 1.600 asociaciones.

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• Según los datos de este informe, aumentan las valoraciones por debajo del 33%, lo que limita el acceso a derechos y apoyos

• Además, las reclamaciones rara vez mejoran las resoluciones: solo el 11% logra un incremento del grado reconocido

COCEMFE València y COCEMFE presentan en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el próximo 3 de diciembre, el informe parcial ‘Evaluación participativa del Nuevo Baremo de la Discapacidad: hacia una inclusión más eficaz’, que analiza el proceso de aplicación del Real Decreto 888/2022, vigente desde abril de 2023.

El estudio, basado en más de mil testimonios de personas con discapacidad, familiares y personal técnico de entidades, pone de manifiesto que,  persisten graves problemas estructurales que afectan a la calidad, la consistencia y la correcta aplicación de la normativa.

Según el informe, casi la mitad (48%) de las personas valoradas con el baremo espera más de un año, con especial incidencia en Galicia y Andalucía, donde los retrasos han aumentado entre 18 y 23 puntos porcentuales en comparación con los datos correspondientes al anterior baremo, es decir, antes del 2023.

COCEMFE València y COCEMFE alertan además de importantes desigualdades territoriales en la aplicación del baremo. En comunidades como la Valenciana, menos de la mitad de las citas fueron presenciales, y hasta el 45% se resolvieron únicamente mediante informe facultativo, sin valoración directa, lo que genera desconfianza y percepciones de injusticia.

El estudio refleja una tendencia sostenida a la baja en los grados de discapacidad reconocidos desde la entrada en vigor del baremo. El porcentaje de personas con una valoración inferior al 33% ha aumentado del 33% al 40%, lo que, según COCEMFE València y COCEMFE, limita el acceso a derechos, prestaciones y apoyos esenciales.

Asimismo, las resoluciones definitivas han descendido del 79% al 69%, lo que indica un mayor número de expedientes sujetos a revisión, generando incertidumbre e insatisfacción entre las personas valoradas. El informe también evidencia que el 68% de las personas percibe que el equipo valorador no tiene conocimiento suficiente de su discapacidad, especialmente en patologías orgánicas o poco visibles, y que el 77% considera que no se tienen en cuenta las comorbilidades, lo que demuestra un déficit estructural en la formación de los equipos.

“El nuevo sistema no está cumpliendo su promesa de objetividad. Seguimos viendo cómo las personas con discapacidad física y orgánica reciben valoraciones más bajas y resoluciones que no reflejan su realidad cotidiana. El baremo no puede ser una herramienta para recortar derechos, sino un instrumento para reconocerlos plenamente”, afirma Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE.

“Necesitamos que se nos atienda de manera presencial, que se nos evalúe con la cercanía y la exactitud que merecemos para garantizar que el proceso sea preciso. Un porcentaje mayor o menor en el grado de discapacidad puede significar una diferencia abismal en nuestras vidas e, incluso, empujarnos a la exclusión social”, subraya María José Martínez Casamayor, presidenta de COCEMFE València.

El apartado sobre reclamaciones confirma la ineficacia del sistema para corregir valoraciones inadecuadas. Y es que solo el 11% de las reclamaciones logra un incremento del grado reconocido, mientras que las reducciones de grado aumentan del 6% al 13% lo que podría desincentivar el uso de este mecanismo por percibirse como sistema penalizador.

Además, el 59% de las personas se declara totalmente inconforme con el proceso de reclamación, debido a su lentitud, falta de respuesta o resoluciones genéricas que no atienden los argumentos presentados.

Y es que las diferencias en el nivel de conformidad según la fecha de valoración son estadísticamente significativas para el 2025: antes del 20 de abril de 2023, el 67% de las personas se mostraban algo o totalmente inconformes con la valoración, mientras que después de esa fecha este porcentaje aumenta hasta el 74%. En particular, la proporción de personas totalmente inconformes crece de forma notable, pasando del 32% al 46%.

COCEMFE València y COCEMFE reclaman la adopción urgente de medidas que garanticen una aplicación objetiva  y de calidad del baremo de discapacidad. En concreto, pide que se cumpla la ley, reduciendo a un máximo de seis meses el tiempo desde la solicitud hasta que la persona es notificada con su correspondiente grado de discapacidad,   reforzar los equipos de valoración con profesionales formados en discapacidades físicas y orgánicas y asegurar su carácter multidisciplinar; homogeneizar los criterios entre comunidades autónomas para evitar desigualdades territoriales; garantizar la presencialidad y calidad de las valoraciones, limitando las resoluciones basadas únicamente en informes facultativos; mejorar el sistema de reclamaciones para que realmente corrija resoluciones injustas; y evaluar el impacto real del baremo en el acceso a derechos y apoyos, especialmente de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

La campaña de difusión de este informe está financiada a través de las subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social de la convocatoria del 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

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La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) es una ONG sin ánimo de lucro constituida en 1980. Su propósito es conseguir una sociedad inclusiva que garantice el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica. Coordina, representa e impulsa al Movimiento Asociativo de personas con discapacidad física y orgánica en España, formado por 94 entidades estatales, autonómicas y provinciales, que a su vez representan a más de dos millones y medio de personas con discapacidad y aglutinan a más de 1.600 asociaciones.

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La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) hace hincapié en que “la accesibilidad universal sigue siendo una deuda pendiente que se cronifica año tras año” y pide aprobar medidas de carácter urgente para eliminar las barreras todavía existentes en el transporte y la vivienda que impiden la plena inclusión y participación activa de este grupo social en todos los ámbitos de la sociedad.

Así lo ha manifestado este jueves el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, durante su intervención en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad del Senado para exponer los principales objetivos y propuestas de la Confederación para esta legislatura. “100.000 personas viven encarceladas en sus casas, ya que no pueden salir por falta de accesibilidad”, ha señalado Queiruga, que ha detallado la necesidad de “reformar de manera urgente de la Ley de Propiedad Horizontal, eliminando los límites económicos que impiden la realización de obras necesarias; y crear un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal, con un 1 % de lo que los Presupuestos Generales del Estado destinen anualmente a inversiones en obras públicas e infraestructuras y nuevas tecnologías y sociedad de la información”.

Además, también ha incidido en que “en transporte, las barreras son constantes: estaciones sin adaptar, trenes limitados, aviones inaccesibles, autobuses sin rampa, la paulatina desaparición de taxis adaptados” y ha señalado que “para garantizar accesibilidad plena en todo el sistema de transporte, lo que hay que articular es su seguimiento, control y sanciones por incumplimiento, y formar al personal de transporte en atención a personas con discapacidad.

Por otro lado, entre las reivindicaciones más urgentes, COCEMFE ha reclamado la aplicación efectiva y equitativa del nuevo baremo de discapacidad, actualmente con retrasos superiores a seis meses en el 76% de los casos, falta de formación del personal valorador y desconocimiento generalizado sobre la discapacidad orgánica. “No se puede valorar a quien no se comprende”, ha argumentado Queiruga.

En materia de salud, ha denunciado que el 75% de las personas con discapacidad física y orgánica no recibe los servicios que necesita y que el 81,6% asume sobrecostes mensuales en tratamientos y productos sanitarios, “lo que genera una discriminación basada en la renta”. Ha exigido un espacio sociosanitario real, una red pública de servicios coordinados y la universalización de la atención temprana.

Respecto a la autonomía personal, COCEMFE ha instado a reconocer la asistencia personal como prestación garantizada, reforzar la red de apoyos comunitarios, actualizar el catálogo ortoprotésico y asegurar el acceso universal a tecnologías de apoyo.

En materia de empleo, la Confederación ha alertado de una tasa de actividad del 35,5% y una brecha de paro de ocho puntos frente a la población sin discapacidad. Ha exigido incentivos a la contratación, adaptación de puestos de trabajo, políticas activas específicas y un apoyo firme a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS). También ha pedido que la futura Ley de Economía Social los reconozca como entidades diferenciadas, con financiación y protección jurídica específica.

COCEMFE ha reclamado además una educación verdaderamente inclusiva, con personal especializado y eliminación de barreras; políticas contra la discriminación interseccional de las mujeres con discapacidad; medidas específicas para entornos rurales; y un enfoque ético en el desarrollo de inteligencia artificial, que evite sesgos y exclusión digital.

Finalmente, ha denunciado que la financiación estatal a las entidades del Tercer Sector ha caído un 40% en cuatro años y que solo se concedió el 27% de lo solicitado para proyectos esenciales de 2025. “Sin recursos, peligran los derechos”, ha concluido.

“No se puede construir una sociedad justa dejando atrás a millones de personas. Pedimos al Gobierno, a los partidos y a las administraciones públicas: escuchen, dialoguen, actúen. Inviertan en inclusión y apuesten por la equidad”, ha remarcado Queiruga ante el Senado.

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