• La obligación de realizar obras de accesibilidad, la promoción de vivienda adaptada, la creación de un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal y mecanismos de evaluación y el alquiler accesible, entre las principales propuestas de COCEMFE

• “El acceso a una vivienda adecuada es la base para una vida independiente y una plena inclusión en la sociedad”, argumenta el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha presentado una serie de aportaciones al borrador del Plan Estatal de Vivienda 2026–2030, con el objetivo de garantizar que esta nueva normativa contribuya de forma efectiva a asegurar el derecho de las personas con discapacidad a una vivienda adecuada, accesible y en comunidad.

COCEMFE valora positivamente que el borrador del Real Decreto reconozca la accesibilidad como principio rector y considere a las personas con discapacidad como grupo vulnerable, pero alerta de que, sin medidas operativas concretas, estos avances corren el riesgo de quedarse en meras declaraciones.

“El acceso a una vivienda adecuada es la base para una vida independiente y una plena inclusión en la sociedad”, argumenta el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, quien añade que “no podemos seguir permitiendo que miles de personas con discapacidad física y orgánica sigan encerradas en sus casas por falta de accesibilidad en sus edificios”.

Entre las principales propuestas presentadas por la entidad se encuentran la inclusión de una obligación legal para que las comunidades de propietarios realicen obras de accesibilidad cuando residan personas con discapacidad, eliminando la actual dependencia de acuerdos vecinales, así como la creación de un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal, estable y finalista, que asegure la sostenibilidad financiera de las actuaciones en esta materia y garantice su continuidad en el tiempo.

Asimismo, es necesario establecer un cupo vinculante de al menos el 4% de vivienda protegida reservada para personas con discapacidad, con mecanismos de control y transparencia en la adjudicación e impulsar programas de alquiler accesible, que combinen ayudas públicas y adaptación de inmuebles, con una reserva específica para personas con discapacidad.

Queiruga hace hincapié en que “este Plan Estatal, además de reconocer a las personas con discapacidad como grupo vulnerable, debe establecer medidas específicas que garanticen nuestro acceso real y efectivo a una vivienda digna”. “El Plan tiene que contemplar la creación de prestaciones públicas específicas que apoyen la transición hacia viviendas accesibles, cubran los costes derivados de la adaptación y aseguren la sostenibilidad del proyecto de vida independiente”, añade.

COCEMFE incide en que fomentar vivienda pública accesible y adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad tanto en entornos urbanos como rurales, incluyendo nuevos modelos habitacionales inclusivos, reforzaría el derecho a la vida independiente, la participación social y la convivencia en comunidad, en coherencia con los principios de accesibilidad universal y con la Estrategia de Desinstitucionalización impulsada a nivel estatal, en la que también ha colaborado COCEMFE.

Por último, es fundamental incorporar un enfoque de género inclusivo y transversal, que además de proteger a las víctimas de violencia de género, contemple de manera explícita a las mujeres con discapacidad y también un sistema de seguimiento y evaluación con indicadores de accesibilidad y vida independiente, que permita medir de forma objetiva el grado de cumplimiento y garantizar que las medidas adoptadas tengan un impacto real en la vida de las personas con discapacidad.

“El nuevo Plan Estatal de Vivienda es una oportunidad  para que nuestro país pase del reconocimiento formal a la acción efectiva”, destaca Queiruga, que recuerda que COCEMFE y su Movimiento Asociativo están siempre a disposición de las instituciones para diseñar las medidas necesarias para asegurar que “lleguen a todas las personas, vivan donde vivan, y tengan un impacto real en su calidad de vida” y desarrollar “un modelo de vivienda verdaderamente inclusivo, accesible y respetuoso con los derechos humanos”.

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• Solo una de cada cuatro viviendas y edificios (27%) está totalmente adaptada a las necesidades de este grupo de población

Un 77% de los mayores de 65 años con movilidad reducida tropieza a diario con barreras arquitectónicas. Una situación que dificulta su movilidad física y afecta directamente a la vida social (68%), el ocio (52%) y las actividades domésticas (44%).

Así lo recoge el informe “Sumando Voces” elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios con la colaboración de COCEMFE que analiza diferentes aspectos relacionados con el entorno y la vida cotidiana de los más de 1,6 millones de españoles mayores de 65 años con discapacidad física y orgánica*.

De acuerdo con el estudio, un 78% de los mayores de 65 años con problemas de movilidad reducida se ha sentido obligado a renunciar a planes con sus amistades debido a la existencia de barreras arquitectónicas en el entorno. Una situación que también ha sufrido un 77% de este colectivo en el ámbito de la familia, y un 51% en el entorno vecinal. 

“En una sociedad envejecida con una esperanza de vida creciente, la accesibilidad sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país que condiciona de forma importante la vida cotidiana de las personas mayores”, afirma Cristina Pallàs, directora de la Fundación Mutua de Propietarios.

Y es que, los mayores de 65 años consideran que su nivel medio de autonomía es de 4,92 sobre 10, un suspenso que pone sobre la mesa la necesidad de avanzar en la eliminación de barreras arquitectónicas. En este sentido, el informe recoge que solo una de cada cuatro viviendas (27%) en las que residen personas mayores con movilidad reducida están totalmente adaptadas a sus necesidades, lo que supone una importante barrera para su autonomía personal. 

Es precisamente en las tareas domésticas cotidianas – limpieza, colada…- donde se detectan las principales dificultades que derivan en una mayor dependencia. El informe “Sumando Voces” señala que un 47% de las personas mayores con movilidad reducida declara no poder realizarlas por sí mismo y un 27% las hace con mucha dificultad. Asimismo, un 35% afirma que debido a estas barreras en su vivienda no puede cocinar por sí mismo y un 20% asegura que no puede llevar a cabo acciones de autocuidado -higiene, medicación…-.

“Las personas mayores con discapacidad física y orgánica viven situaciones de discriminación múltiple, derivadas no solo de la edad y la discapacidad, sino también de un entorno físico, social y económico que no responde a sus necesidades”, asegura el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, destacando que “las barreras físicas y la falta de apoyos adecuados limitan su autonomía y su calidad de vida”.

Dependencia familiar.

Ante esta situación, el informe “Sumando Voces” revela una notable dependencia del entorno social más cercano y un acceso limitado a servicios de atención profesional o institucional. En concreto, la principal fuente de apoyo de las personas mayores es un familiar o amigo con quien conviven (75%), el 34% recurre a personal externo remunerado y un 11% cuenta con apoyo de familiares que no viven en el mismo hogar. Finalmente, un 5% no dispone de ningún tipo de ayuda para afrontar sus actividades cotidianas y un 4% recurre a Servicios Sociales.

Para Queiruga, “este estudio evidencia que impulsar la accesibilidad universal y los apoyos profesionales y comunitarios debe ser una prioridad inaplazable en la agenda social y política para que las personas mayores puedan vivir con mayor la mayor independencia y dignidad posible”.

“El papel de la familia y los amigos es fundamental para que las personas mayores con movilidad reducida mantengan su autonomía y su participación en la sociedad, pero este esfuerzo no puede recaer únicamente en el entorno más cercano. Es necesario un compromiso colectivo para transformar viviendas, edificios y ciudades en espacios accesibles, seguros y libres de barreras arquitectónicas que garanticen la plena inclusión de las personas mayores y mejoren su bienestar y calidad de vida”, concluye Cristina Pallàs. 

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Sobre la Fundación Mutua de Propietarios

La Fundación Mutua de Propietarios es una institución no lucrativa creada por la aseguradora Mutua de Propietarios con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida facilitando la accesibilidad a la vivienda y su entorno. Las áreas principales en las que la Fundación Mutua de Propietarios desarrolla sus actividades son la accesibilidad, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y la sensibilización de los actores sociales y políticos decisores en esta materia; la acción e inclusión social, mediante el diseño de actividades que favorezcan la integración y la calidad de vida de las personas con movilidad reducida, y la innovación, con la finalidad de favorecer la integración de las nuevas tecnologías para mejorar las condiciones de vida a las personas con movilidad reducida.

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