- El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga ha comparecido en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad de la Cámara Alta para exponer los principales objetivos y propuestas de la Confederación para esta legislatura
- La entidad ha hecho hincapié en la necesidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal, crear un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal y garantizar el cumplimiento legal en transporte público
- La Confederación ha alertado de la cronificación de barreras en accesibilidad, salud, empleo, educación e igualdad y ha denunciado la infrafinanciación del Tercer Sector
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) hace hincapié en que “la accesibilidad universal sigue siendo una deuda pendiente que se cronifica año tras año” y pide aprobar medidas de carácter urgente para eliminar las barreras todavía existentes en el transporte y la vivienda que impiden la plena inclusión y participación activa de este grupo social en todos los ámbitos de la sociedad.
Así lo ha manifestado este jueves el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, durante su intervención en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad del Senado para exponer los principales objetivos y propuestas de la Confederación para esta legislatura. “100.000 personas viven encarceladas en sus casas, ya que no pueden salir por falta de accesibilidad”, ha señalado Queiruga, que ha detallado la necesidad de “reformar de manera urgente de la Ley de Propiedad Horizontal, eliminando los límites económicos que impiden la realización de obras necesarias; y crear un Fondo Estatal por la Accesibilidad Universal, con un 1 % de lo que los Presupuestos Generales del Estado destinen anualmente a inversiones en obras públicas e infraestructuras y nuevas tecnologías y sociedad de la información”.
Además, también ha incidido en que “en transporte, las barreras son constantes: estaciones sin adaptar, trenes limitados, aviones inaccesibles, autobuses sin rampa, la paulatina desaparición de taxis adaptados” y ha señalado que “para garantizar accesibilidad plena en todo el sistema de transporte, lo que hay que articular es su seguimiento, control y sanciones por incumplimiento, y formar al personal de transporte en atención a personas con discapacidad.
Por otro lado, entre las reivindicaciones más urgentes, COCEMFE ha reclamado la aplicación efectiva y equitativa del nuevo baremo de discapacidad, actualmente con retrasos superiores a seis meses en el 76% de los casos, falta de formación del personal valorador y desconocimiento generalizado sobre la discapacidad orgánica. “No se puede valorar a quien no se comprende”, ha argumentado Queiruga.
En materia de salud, ha denunciado que el 75% de las personas con discapacidad física y orgánica no recibe los servicios que necesita y que el 81,6% asume sobrecostes mensuales en tratamientos y productos sanitarios, “lo que genera una discriminación basada en la renta”. Ha exigido un espacio sociosanitario real, una red pública de servicios coordinados y la universalización de la atención temprana.
Respecto a la autonomía personal, COCEMFE ha instado a reconocer la asistencia personal como prestación garantizada, reforzar la red de apoyos comunitarios, actualizar el catálogo ortoprotésico y asegurar el acceso universal a tecnologías de apoyo.
En materia de empleo, la Confederación ha alertado de una tasa de actividad del 35,5% y una brecha de paro de ocho puntos frente a la población sin discapacidad. Ha exigido incentivos a la contratación, adaptación de puestos de trabajo, políticas activas específicas y un apoyo firme a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS). También ha pedido que la futura Ley de Economía Social los reconozca como entidades diferenciadas, con financiación y protección jurídica específica.
COCEMFE ha reclamado además una educación verdaderamente inclusiva, con personal especializado y eliminación de barreras; políticas contra la discriminación interseccional de las mujeres con discapacidad; medidas específicas para entornos rurales; y un enfoque ético en el desarrollo de inteligencia artificial, que evite sesgos y exclusión digital.
Finalmente, ha denunciado que la financiación estatal a las entidades del Tercer Sector ha caído un 40% en cuatro años y que solo se concedió el 27% de lo solicitado para proyectos esenciales de 2025. “Sin recursos, peligran los derechos”, ha concluido.
“No se puede construir una sociedad justa dejando atrás a millones de personas. Pedimos al Gobierno, a los partidos y a las administraciones públicas: escuchen, dialoguen, actúen. Inviertan en inclusión y apuesten por la equidad”, ha remarcado Queiruga ante el Senado.
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